Miles de familias han protestado durante muchos años en la región Caribe, por sufrir un "abuso técnico y financiero" en la facturación del servicio de energía en las zonas comunes de sus copropiedades. Esta problemática, que ha inflado los cobros y amenazado la sostenibilidad y el valor de las viviendas, ahora toma un camino jurídico con el lanzamiento oficial de una 'Acción popular por una facturación justa'.

La iniciativa busca frenar una práctica sistemática que, según denuncian los promotores, vulnera los derechos de más de 100 mil familias en la región. La experta energética Carolina Ríos asegura que, mediante un uso distorsionado del modelo de medidor totalizador (o “medidor padre”) y sin aplicar los correctivos regulatorios, algunos operadores como Afinia y Air-e están generando cobros que no corresponden al consumo real. Ríos pone como ejemplo pagos de $3 o $4 millones que hoy superan los $10 millones sin razón aparente.

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Además del cobro excesivo, se denuncia que quienes se atreven a cuestionar la factura son amenazados con cortes, suspensión del servicio y vulneración del debido proceso. La iniciativa enfatiza que la situación es una clara vulneración de derechos colectivos, marcada por la falta de debido proceso, transparencia y trato digno.

"De nada sirve hablar de tarifas justas si desde el principio se mide y se factura mal. El abuso empieza desde el contador", afirmó Ricardo Núñez, uno de los promotores de la acción popular.

Los conjuntos residenciales, se explica, han sido obligados a pagar estos cobros injustificados como única vía para acceder a un servicio esencial. Los promotores de la acción popular sostienen que este no es un problema aislado, sino un modelo impuesto por algunos operadores sin controles efectivos y con una nula respuesta institucional.

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"Con base en documentos técnicos, conceptos regulatorios y la normativa vigente, esta acción popular cuenta con todo el sustento jurídico necesario para frenar este modelo y exigir una revisión estructural en favor de los usuarios", indicó el comunicado.

Añadió que, "lo que hoy se inicia no es solo un proceso legal, sino una causa ciudadana. Una defensa colectiva frente a un sistema que ha fallado en proteger a los consumidores más vulnerables".

Asimismo, indicó que "la acción popular está abierta a todas las copropiedades del Caribe colombiano, especialmente aquellas ubicadas en zonas atendidas por Air-e y Afinia, que hayan recibido facturas injustificadas o hayan sido coaccionadas a pagar sin explicación. Porque no se trata solo de pagar la luz. Se trata de pagar lo justo. Y no hay justicia posible mientras el abuso siga siendo parte del sistema", concluye el llamado.

Las copropiedades, edificios o administraciones que deseen unirse a esta causa pueden escribir vía WhatsApp al 301 549 4228.